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El pasado sábado el Ayuntamiento de El Real de la Jara celebró un pleno extraordinario para pronunciar una declaración institucional en contra del cierre de la mina de Aguablanca y a favor de los trabajadores de este municipio que trabajan en esta mina.
La moción fue aprobada por todos los grupos políticos que componen la corporación: 5 votos a favor del PSOE, 2 del Partido Popular y 2 del Partido Andalucista.
En total en El Real de la Jara la mina genera 50 empleos directos en un municipio de poco más de 1600 habitantes y con una tasa de paro superior al 15%. A ello hay que sumar los empleos indirectos y el impacto económico que el cierre generaría en la economía local: comercios, bares, talleres, alquileres de viviendas, etc.
La mina de Aguablanca, aunque situada en el término municipal de Monesterio (Badajoz) tiene la entrada natural por el municipio sevillano ya que está situada a menos de 2 km. del núcleo urbano, y son cantidad de puestos de trabajo los que genera, tanto directos como indirectos.
Gran conmoción entre los vecinos
Según ha informado el Ayuntamiento, la noticia del cierre de la mina por parte de la empresa Rio Narcea ha causado gran conmoción entre los vecinos de El Real de la Jara. Hace tres meses la empresa presentó un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal), a la espera de la Declaración de Impacto Medioambiental (DIA), para dar continuidad a una explotación que hasta ahora había sido a cielo abierto y ahora pretendían continuar a través de galerías.
La dirección de la empresa Rio Narcea Recursos, S.A. convocó el viernes a los empleados para transmitirles la noticia. Según los datos de la propia empresa, la mina de Aguablanca contaba con unas perspectivas de producción de entre 7.000 y 7.500 toneladas de níquel al año, y de entre 5.000 y 5.500 toneladas de cobre. Todo apunta que el desplome del precio del níquel ha abocado a la empresa a tomar esta drástica decisión, prevista inicialmente para 2018.
El Ayuntamiento de El Real de la Jara se va aponer en contacto con el comité de empresa, los ayuntamientos de municipios vecinos, y otras administraciones, Junta de Andalucía y Junta de Extremadura, para trabajar por un frente común en contra del cierre de la mina.
